El correísmo representa la afirmación de un nuevo modelo de dominación burguesa, que surge ante el fracaso de la fórmula neoliberal y, al mismo tiempo, frente al debilitamiento de la opción popular. El nuevo modelo tiene por contenido un proyecto de modernización capitalista en un contexto de crisis global del capital, de realineamiento de fuerzas y de disputas por la hegemonía mundial.

Su contenido económico se mueve en el terreno de cierta ambigüedad en la relación discurso-realidad. El discurso parece claro al proponer la modificación de la estructura económica, salir de una economía primario-exportadora y pasar a una nueva economía de diversificación productiva y exportación de servicios especializados, si bien el tránsito no queda claro.

En cambio, las realizaciones de las políticas muestran otro cariz: el énfasis está puesto en la recuperación del Estado como proveedor de condiciones generales de la producción y de la reproducción del sistema: grandes obras de infraestructura, dinero barato, suficiente circulante en el mercado, fuerza de trabajo disciplinada, sociedad gobernable.

En este punto, la diferencia central respecto al mode-lo neoliberal anterior parece ser, a) el papel motor de la economía: por el impacto de las inversiones públicas, que pueden “jalar hacia adelante” la producción y la circula-ción de capitales (el mejor ejemplo ahora es el acelerado crecimiento de la industria de la construcción); y, b) la imposición, desde el Estado, de condiciones “normales” de explotación del trabajo y de relación entre el capital y el Estado. De este modo, el Estado parece regir la economía. 

 

 

La “recuperación del Estado”

 

Los partidarios del gobierno de Correa suelen enar-bolar como uno de los principales logros del Régimen la reforma del Estado, la “recuperación del Estado”, la “rectoría” del Estado o fórmulas similares. Por citar nada más que dos ejemplos: uno de los primeros balances realizados por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) se llamó, justamente, “Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el Buen Vivir” (2009); y en una reciente entrevista al diario argentino Página 12 (2012), el asambleísta Virgilio Hernández resalta “que se sacude al Estado y […] se cambia la lógica del mismo”. Pero, ¿qué significa en realidad “recuperar el Estado” y “cambiar [su] lógica”? ¿En qué lógica se inscribe este Estado recuperado? Para decirlo en breve: se inscribe en un proyecto de modernización capitalista, que intenta modernizar tanto la economía como el Estado. 

 

La autonomía relativa del Estado

 

En un texto en el que analiza el bonapartismo, el po-pulismo y el autoritarismo, René Zavaleta (2006) recuerda que el Estado moderno es aquel que está en posibilidad de realizar la “autonomía relativa del Estado”. Poulantzas (1978) añadiría: y la “unidad del poder político”. 

De hecho, ambos aspectos hay que entenderlos como un conjunto. La unidad del poder político se refiere a la “cohesión interna específica” de la superestructura jurídico-política. Actualmente dirían “dotarle de coherencia al Ejecutivo”, o, con más detalles, 

 

El Estado, entonces, vuelve a ser colocado en el centro de la reforma institucional para recuperar para sí un conjunto de capacidades estratégicas que aseguren una adecuada coordinación entre política, economía y sociedad. Así, la propuesta de reforma institucional del Estado busca que la recuperación de los márgenes de maniobra estatal se produzca bajo esquemas de gestión eficientes, transparentes, descentralizados, desconcentrados y participativos, a fin de dotarle de la mayor coherencia funcional y legitimidad democrática posible a sus intervenciones (Senplades, 2012: 5). 

 

“Adecuada coordinación”, “coherencia funcional”. En la propuesta, esta coherencia debería estar garantizada por las leyes y por la nueva “arquitectura institucional” (la Constitución, el Cootad, por un lado; por otro, el “sistema nacional de competencias”, la nueva estructura del Ejecutivo). Pero, en la práctica, la solución termina siendo el sometimiento del conjunto de la institucionalidad estatal al Ejecutivo y al presidente. La modernidad avanza, pero todavía bajo formas premodernas. 

Por su parte, la autonomía relativa es una característica que engloba varios aspectos: es, por un lado, una autonomía de la política respecto de la economía; y, por otro lado, la relación del Estado con el campo de la lucha de clases. El Estado debe guardar cierta autonomía en relación con las diversas fracciones de la burguesía, así como en la lucha entre el capital y el trabajo. Es decir, un Estado capaz de representar los intereses de la clase dominante sin que ella tenga necesidad de dirigir directamente el Gobierno. Esto no significa que deje de representar los intereses de la clase dominante; al contrario, solo así puede representar los intereses estratégicos del capital (Tapia, 2009)1. 

 

La representación de los intereses 

estratégicos del capital 

 

El Gobierno les ofrece a los grandes capitalistas un Estado que sea capaz de responder a las necesidades estratégicas que se desprenden del momento particular de desarrollo del capital. 

En primer lugar, un Gobierno “moderno” en un Estado “moderno”, es decir, un Estado que vele por los intereses generales de la clase dominante, y no solo por los intereses de un puñado de familias, como ocurrió en el período anterior. Para cumplir este cometido puede tener que enfrentarse -como lo ha hecho- con ciertos sectores de la burguesía (por ejemplo, con la banca, que, de cualquier modo, ha acumulado ingentes ganancias). 

En segundo lugar, un Estado que desarrolle las condiciones generales que requieren los capitales para desarrollar sus negocios. Estas condiciones generales están relacionadas generalmente con grandes obras de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, refinerías…), necesarias para todos los empresarios, pero demasiado costosas como para que cada uno las resuelva por sí mismo. 

En tercer lugar, un Estado que facilite la expansión de los mercados, tanto hacia el mercado exterior como hacia el mercado interno. Para ampliar las posibilidades de mercado externo, el Gobierno ha definido que el comercio es su prioridad en las relaciones diplomáticas, ha abierto o acercado relaciones con otros mercados distintos a Estados Unidos y Europa; esto resulta de importancia ahora, cuando la crisis del capitalismo mundial golpea con particular fuerza justamente a Estados Unidos y a Europa. Y, sobre todo, apuesta a la conformación de un bloque regional que, en líneas generales, sigue los movimientos reales del capital que, en estos últimos 20 años, se ha regionalizado de modo acelerado. 

De este modo, se da continuidad, en la política del Estado, del movimiento objetivo de los capitales, que se han regionalizado y transnacionalizado en el último período, y han constituido empresas conjuntas con empresarios dominicanos, colombianos, peruanos, venezolanos, brasileños. La política internacional del Gobierno, al dar prioridad a la construcción de un bloque regional suramericano, refleja esta realidad del capital. El impulso del complejo de la vía Manta-Manaos expresa, por su parte, el interés de sumarse al eje Brasil- China, en medio de la crisis económica global. 

Para ampliar el mercado interno, ofrece los mejoramientos viales y varios programas sociales en los que participan capitales medianos y grandes, que obtienen así un numeroso grupo de nuevos clientes (programas de comercialización de productos básicos y de vivienda, por ejemplo). Y también un contingente “fresco” de fuerza de trabajo, a través de políticas relacionadas con la “agricultura por contrato”, los “negocios inclusivos” y los “encadenamientos productivos”, que no son nada más que la subordinación de las pequeñas economías, de las economías campesinas y de las economías familiares a los grandes capitales, que las convierten en completamente dependientes de ellos. El Código de la Producción y la Ley de Economía Popular y Solidaria apuntan claramente en esta dirección. 

La ampliación del mercado interno requiere de la inyección de circulante que alimente la demanda para la producción capitalista: he ahí el incremento salarial o la mensualización de ciertos componentes de los salarios indirectos de los trabajadores (la primera política se ha implementado desde el inicio del Gobierno; la segunda se inauguró para hacer frente a los riesgos que presenta la crisis mundial capitalista). 

Pero, sobre todo, la inversión pública se convierte en un motor del crecimiento económico de los negocios del capital privado. Un buen ejemplo lo tenemos en la construcción. 

En cuarto lugar, la disposición de fuerza de trabajo disciplinada. Eso se consigue desde las políticas laborales del Régimen que combinan varios elementos: la fragmentación de los trabajadores en trabajadores públicos y privados, para evitar su constitución en sujeto; el enfrentamiento de los trabajadores públicos de cara a los “ciudadanos”, debilitando sus posibilidades de organización y de acción reivindicativa; pero también dando satisfacción a ciertas aspiraciones de los trabajadores, represadas en el período anterior, como mejores salarios y posibilidades organizativas (para los trabajadores del sector privado), es decir, desactivando ciertas inconformidades sociales. Al mismo tiempo, se mantienen espacios de trabajo flexibilizado, en el sector privado disfrazado ahora de encadenamientos productivos y de negocios inclusivos, y en el sector público disfrazado de contratos por tiempo fijo. 

En quinto lugar, la generación de incentivos para el desarrollo de nuevos campos de negocios para el capital, sobre todo tomando en cuenta los cambios que se producen en el orden capitalista mundial. Esto puede apreciarse claramente en el Código de la Producción, en el Plan Nacional de Desarrollo, o en la propuesta de la creación de las ZEDES… 

Para todo esto, en sexto lugar, se requieren grandes sumas de dinero, que vienen básicamente de dos fuentes: por una parte, de nueva deuda, contratada ahora sobre todo a la China, pero también a Rusia, entre otros. Por otra parte, frente al posible deterioro de la producción petrolera, de sus precios en el mercado mundial, o de ambas cosas a la vez, el Gobierno le apuesta a la minería. Por eso no puede hacerse realidad la promesa de salir de una base económica centrada en la explotación y en la exportación de productos primarios. 

En séptimo lugar, ofrece estabilidad política, una demanda muy sentida de los empresarios frente al largo ciclo de inestabilidad política iniciado en 1995, es decir, ofrece un régimen político que logre hacer realidad el consenso activo de los dominados. 

 

Poco cambio en la estructura de poder 

 

Si analizamos los resultados en la marcha de la economía encontramos pocos cambios. La economía ecuatoriana continúa insertándose en la economía mundial como productora de materias primas y de trabajo. No se ha producido ningún cambio significativo en la “matriz productiva”. El petróleo sigue siendo uno de los principales puntales de recursos y, ante eventuales falencias, el Régimen le apuesta a la megaminería. Han cambiado los socios privilegiados, se apunta a nuevos mercados y a fortalecer y ser parte de un bloque regional suramericano que pueda negociar de mejor manera con los otros bloques regionales del capital global; pero el modo de relacionarse no ha cambiado. 

La economía ecuatoriana sigue siendo una economía intermediaria, poco productiva. El último Censo Económico (2010) muestra que la gran mayoría de negocios se ubican en el comercio y en los servicios. Los datos del SRI muestran que los principales grupos económicos del país continúan ubicándose en la banca y en el gran comercio. La estructura de poder económico no se ha modificado sustancialmente en este quinquenio de “revolución ciudadana”. Los grandes grupos económicos siguen siendo básicamente los mismos que antes de iniciarse el gobierno de Correa. El único cambio, a tono con el carácter del Régimen, es la presencia del Estado. 

 

La construcción de una nueva hegemonía 

 

Si en el modelo económico las modificaciones son limitadas, el panorama es otro en cuanto al modelo político: el populismo correísta se afirma como nueva hegemonía, combinando concesiones (especialmente hacia los sectores desorganizados) con la violencia estatal: represión, criminalización y judicialización de la lucha social (hacia los movimientos más estructurados y autónomos). La nueva hegemonía busca sustentarse, especialmente, en la desestructuración del movimiento popular que llevó sobre sus espaldas la resistencia contra el neoliberalismo. 

El populismo ascendente y el movimiento popular se disputan el espacio político-ideológico de construcción de una voluntad colectiva nacional-popular, por lo tanto, la hegemonía al interior del pueblo. Esto significa que hay en disputa dos procesos distintos y antagónicos de construcción del pueblo: el pueblo de la lucha social, que pugna por representarse a sí mismo, y que aparece bajo la forma de movimiento popular (es decir, la confluencia de diversos movimientos, organizaciones y luchas sociales) y el pueblo de la “revolución ciudadana”, reconvertido en ciudadanos atomizados, que ya no es propiamente pueblo, sino masa de maniobra. 

Las alianzas sociales que podrían sustentar estas dos vías antagónicas de voluntad colectiva nacional-popular están marcadas por la importante presencia de “masas no autorrepresentables”, a las cuales se dirigen ambos proyectos. 

No obstante, las alianzas que expresa cada uno de ellos no es la misma. 

La presencia de masas no autorrepresentables expresa una disgregación económica y social y una dispersión política. Económica y socialmente: una masa compuesta por los sectores denominados informales, migrantes del campo y de pequeños pueblos, fragmentos de pequeñas clases medias de los negocios, campesinos desorganizados, sectores de la pequeña burguesía rural; de larga presencia en la sociedad ecuatoriana, y amplificada y fragmentada por la implementación del neoliberalismo. 

Políticamente, sectores que se han acomodado a la dinámica de las relaciones de clientela y que, por lo tanto, no alcanzan a verse a sí mismo como sujetos, y que esperan el aparecimiento de alguna figura caudillesca en quien depositar sus esperanzas. 

Aunque estas masas constituyen la base electoral principal del proyecto de la “revolución ciudadana”, no hacen en realidad parte de la alianza que la sustenta, pues no tienen ninguna posibilidad ni capacidad para actuar en nombre propio e incidir sobre la definición y la marcha del proyecto. La alianza que sustenta el proyecto correísta está constituida, fundamentalmente, por una nueva tecnocracia reformista, que actúa desde el Estado, y sectores modernizantes de la burguesía transnacionalizada; atrás de ella, y de la figura del líder-caudillo, se mueve (todavía) esa masa no-autorrepresentable. 

La existencia de espacios de organización social al interior del proyecto dominante, que fue dejada de lado inicialmente, está siendo empujada por sectores de izquierda asimilados, individual o grupalmente, al proyecto populista. Pero la propuesta de organización social levantada por el Régimen pretende alzarse sobre las ruinas de la organización social autónoma. El Gobierno pretende asentarse sobre ese “pueblo disperso y pulverizado” para movilizarlo (¿solo ideológicamente?) en contra de los sectores organizados autónomamente y crear un vacío social en torno a ellos, para fragmentar y anular la posibilidad de construcción autónoma del pueblo. El viraje conservador del discurso de Correa y de su apelación a los “ciudadanos” da forma a este antagonismo. 

La alianza social expresada en el movimiento popular ha sido la confluencia, casi nunca la articulación, de movimientos, luchas e inconformidad social. Siempre ha tenido por eje un movimiento social, el de mayor capacidad de organización y movilización independiente en cada momento: los estudiantes (1960-1970), los trabajadores sindicalizados (fines de 1970-inicios de 1980), el movimiento indígena (1995- 2002); en torno a ellos se articulaban los otros sectores organizados y, cuando las movilizaciones alcanzaban profundidad y extensión, también sectores de las masas dispersas y disgregadas. Pero las confluencias no consiguieron dar lugar a articulaciones por las debilidades políticas del movimiento que hacía de eje. Desde esta perspectiva, el movimiento popular es un movimiento hacia la construcción de una voluntad colectiva nacional-popular de carácter revolucionario (o antagonista), pero un movimiento que queda inconcluso. 

La debilidad del movimiento popular expresa el fracaso de la izquierda socialista (igual la reformista que la revolucionaria), que no ha sido capaz, sobre todo a partir del retorno a la constitucionalidad en 1978-79, de alimentar políticamente al movimiento popular, y en ocasiones ni siquiera de acompañarlo. Su fracaso tiene dos ejes: por un lado, el debilitamiento de sus relaciones orgánicas con los movimientos populares; por otro lado, la incapacidad de articular demandas democráticas y socialistas en una perspectiva de ruptura del orden capitalista. 

En este sentido, los movimientos sociales entraron, efectivamente, en una dinámica que transitaba de lo desconstituyente a lo instituyente y de este a lo constituyente; pero no logró afirmarla autónomamente. Las alianzas electorales se convierten en el vehículo de vaciamiento de la potencialidad del movimiento y de su recuperación por nuevas formas del proyecto del capital; de modo que el momento constituyente no fue ya el del movimiento popular, sino el de la modernización del capital bajo el predominio de la opción populista. 

De esta manera, sostenemos que el proyecto del gobierno de Correa es un proyecto de modernización capitalista en condiciones de crisis económica global y de redefinición de las alianzas geoestratégicas. Un proyecto que, en líneas generales, sigue, continúa y afirma el movimiento real de los grandes capitales. Ofrece un Estado moderno, con autonomía relativa, que pueda representar los intereses del conjunto del capital, aun si para hacerlo debe enfrentarse con grupos o fracciones de las clases dominantes. Un Estado que le asegure las condiciones generales de la producción y de la acumulación. Que le asegure el disciplinamiento y la modernización funcional de la fuerza de trabajo. Que le asegure las condiciones de su expansión hacia el mercado exterior y hacia el mercado interno, subordinando a las pequeñas economías mercantiles. 

Esto nos permite leer de otro modo los conflictos sociales. Se expresan, aún hasta hoy, conflictos que, de una u otra manera, venían o parecían venir del período anterior (la resistencia neoliberal: conflictos alrededor de la tercerización, del rezagamiento de los salarios, entre otros). En torno a ellos podían producirse ciertas confluencias, incluso acercamientos, entre el Gobierno y ciertas organizaciones sociales, y generar la ilusión de confluencias o de alianzas. Pero esto ya no es posible en aquellos conflictos desatados por el proyecto de modernización capitalista, que expresan la afirmación del nuevo modelo de dominación. 

De esta manera, la pretensión de una aproximación entre el correísmo y los movimientos sociales es una ilusión generada, por una parte, por perder de vista el conjunto de los conflictos (se pierden de vista los conflictos que son propios del nuevo proyecto, por ejemplo, en torno al control de los recursos -como agua y tierras-, respecto a la minería, en relación con la reforma autoritaria del Estado y a una redistribución negociada de recursos, como en el caso de Dayuma; muchos de ellos comenzaron a producirse aún durante el período en que, supuestamente, se vivía el acercamiento; y también son de entonces los primeros signos represivos del Régimen, como la exigencia de expulsión de estudiantes que participaron en una manifestación, la militarización de pueblos y comunidades, la criminalización de la protesta social, que ahora se ha vuelto ya moneda corriente). 

Y, por otra parte, por la desconsideración del carácter del proyecto hegemónico (que se asume, sin mayor explicación, como “abierto” y en disputa; dicho de otro modo, se asume la inexistencia de un proyecto durante la primera fase del Gobierno). No obstante, las discusiones que se iban produciendo al interior del propio movimiento gobernante muestran con claridad que la tendencia hegemónica a su interno siempre fue la de Correa, con las características que ahora se le conocen, ya liberadas de las necesidades iniciales de concesiones para reforzar su legitimación frente al pasado neoliberal. 

Al enfrentarse al neoliberalismo, el Gobierno se enfrenta a actores con los que también se enfrentó la resistencia popular. Pero su proyecto no es únicamente “salir de la larga y triste noche neoliberal”, sino afirmar un nuevo proyecto de modernización capitalista, y ambas cosas no pueden separarse. 

De este modo, se reitera que lo nacional-popular no sería un tipo de movimiento, ni siquiera la característica de algún movimiento, sino, por el contrario, un campo de construcción de voluntades colectivas sujeto a disputas hegemónicas. 

Del mismo modo que la lógica de la economía requiere fuerza de trabajo disciplinada, la lógica de la política exige una población disciplinada, encuadrada en las formas estatales de la acción política, una conciencia social que no cuestione la “naturalidad” del proyecto dominante. 

El disciplinamiento de la población es obtenido a través de un modelo político que combina las concesiones y la represión: por medio de las políticas sociales, que extienden la relación de dependencia clientelar de las masas pobres respecto del Estado; a través de la circulación de la nueva ideología “ciudadanista” que elimina y proscribe la representación organizada y disuelve los sujetos reales en el ficticio actor “ciudadano”, cuya presencia resulta incapaz (e ineficaz) para cuestionar el modelo dominante; y que, una vez hecho esto, subordina al ciudadano y a su acción a los intereses del Estado; a través de la formación de organizaciones dependientes del Gobierno; y, finalmente, a partir de la represión y enjuiciamiento a los sectores “díscolos” que persistan en mantener su autonomía y su independencia organizativa y política. 

A cambio de esto, los capitales deben conceder encuadrarse en la normalización de sus relaciones con el Estado y con el trabajo. Con el Estado, a través del pago de impuestos. Con el trabajo, pagando el salario mínimo y respetando las condiciones de las leyes laborales. 

En conclusión: las necesidades estratégicas del capital y el proyecto de modernización capitalista del gobierno de Correa se corresponden plenamente. 

El gobierno de Correa representa la alianza de una nueva tecnoburocracia con sectores de punta del capital. De modo que la modernización del Estado cumple también otra función importante: generar las condiciones de reproducción de esta nueva clase media tecnoburocrática (la ampliación del empleo público junto a los despidos masivos de funcionarios de mayor edad, la reforma del sistema educativo, entre otras). 

 

 

Brevemente, para concluir: 

la afirmación conservadora 

 

La trayectoria del correísmo ha sido una permanente deriva conservadora. El recurso a un lenguaje progresista, incluso “revolucionario” se reserva básicamente para momentos de tensión y para la campaña electoral. Su afirmación, por el contrario, solo ha podido desenvolverse corriéndose hacia la derecha y afirmándose en los elementos más conservadores y retrasados de la conciencia social: el desprecio de la organización social independiente, el rechazo de la movilización y de la protesta, la negación del componente decisorio de la participación, las concesiones al discurso derechista sobre la inseguridad y la violencia, el ensalzamiento del espionaje y la represión para tratar tanto la delincuencia como el control sobre el trabajo y la protesta social… En fin, ya hace rato que el correísmo solo puede generar una afirmación conservadora.

 

 

Referencias bibliográficas 

Poulantzas, N. (1978) [1968] Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Madrid: Siglo XXI. 

Senplades (2009) Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el Buen Vivir. En: http://www.planificacion. gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/ Recuper ac i%C3%B3n-del-Es tado-Nac iona l-p a r a-a l c a n z a r- e l -Bue n-Viv i r-MEMOR IA-BIENAL-2007-2009.pdf 

Senplades (2012) Reforma Democrática del Estado, 5. http:// www.planif icacion.gob.ec/wp-content/uploads/ downloads/2012/08/Reforma-Democr%C3%A1tica-del- Estado.pdf 

Tapia, L. (2009) La coyuntura de la autonomía relativa del Estado. La Paz: Clacso-Muela del Diablo-Comuna. 

Toer, M., Burbano de Lara, A. y Montero, F. (2012) Correa es una izquierda en las condiciones concretas del Ecuador y el mundo. Página 12. Diálogos. http://www.pagina12. com.ar/diario/dialogos/21-209092-2012-12-03.html 

Zavaleta, R. (2006) Formas de operar el Estado en América Latina (bonapartismo, populismo, autoritarismo). En M. Aguiluz y N. de los Ríos (coords.) René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y re-visiones. Buenos Aires: CIDES-UMSA. 

 

Notas 

1 Igual que Poulantzas y Zavaleta, Tapia toma como referencia las reflexiones de Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte.